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Se firmó un acuerdo para identificar las llamadas que se realicen al 911 con amenazas de bomba a partir de hoy, y hasta que termine la cumbre del G20.

En una reunión de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich con el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Ocampo; el procurador general de la Nación, Eduardo Casal; la presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom), Silvana Giudici; y el procurador de la Provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, se firmó un convenio de cooperación con las prestadoras de Comunicación Móvil, mediante el cual se procederá a identificar rápidamente el equipo desde donde se efectuó la llamada amenazante y a su propietario.
Esto se debe a que ante la inminente realización de la Cumbre del G20 en la Ciudad, se están recibiendo muchas llamadas falsas con amenazas de bomba, y como durante unos días estarán presentes en el país los principales líderes mundiales, se deben extremar las medidas de seguridad, sin que esto afecte las garantías de los ciudadanos.
Cuando se reciba una amenaza telefónica, el ministerio de seguridad notificará a la fiscalía de turno, y ésta solicitará a las empresas de telefonía el número de IMEI del equipo, para así identificar al propietario.
La ministra Patricia Bulrrich informó: “A partir de las 00 horas de hoy, comienza a funcionar el sistema en el que toda persona que llame al 911 con algún tipo de amenaza, quedará registrado su número, su e-mail y su localización. Esto significa que todos aquellos que quieran dar una falsa alarma, inmediatamente vamos a saber quién fue”.
Este convenio está planificado para ser aplicado a partir del día de hoy, y hasta que finalice la Cumbre del G20.
El ministro de Seguridad de la Ciudad, Martín Ocampo dijo que: “Las compañías de celulares se han predispuesto a colaborar y trabajar en forma conjunta, para saber desde donde se producen las llamadas con amenazas, lo que va a permitir a los fiscales tomar las acciones que correspondan en cada uno de los casos y ponerlos a disposición de la justicia”.
Finalmente, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, explicó que: “Esto es aprovechar de una mejor manera los recursos técnicos, para darle celeridad y eficacia a la investigación penal, siempre dentro de los márgenes legales y de las leyes procesales para asegurar la legitimidad de manejo de la investigación”.

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