La Legislatura porteña sancionó una nueva ley que protege a los inquilinos ante los abusos del pago de comisión, ahora será el propietario el que tenga que pagar por el servicio prestado por la inmobiliaria.

Para alquilar hoy en día un departamento por dos años, siendo el primer año de $6.500 por mes, un inquilino debe contar como mínimo con $24.500 y un garante, en caso de no poseer este último requisito, el gasto pasaría a ser de $37.500.
Antes de empezar a separar los números para saber de dónde es cada gasto, comencemos con lo básico… ¿Qué es un Alquiler? Hablando con un inmobiliario nos lo definió como “un acuerdo firmado entre las partes determinando el valor de una “cosa” (inmueble) por un período de tiempo determinado”. El valor es estipulado por ambas partes: inquilino y propietario.
La inmobiliaria se convierte en el mediador que ayuda a llegar a un arreglo entre los protagonistas y se encarga de dar la firma para que el contrato entre en vigencia, junto a su correspondiente garantía.
Actualmente el inquilino debe contar con una gran suma de dinero para poder comenzar a alquilar, entre los gastos de su primer pago se encuentran el depósito, el mes de adelanto, el pedido de informe de garantía y la comisión de la inmobiliaria.

Es así que para alquilar un departamento durante dos años, siendo el valor del primer año de alquiler de $6.500 y el segundo de $8.500, los gastos que tendrá que efectuar el inquilino son los siguientes:
Mes de adelanto: en este caso serían $6.500 no reembolsables, el equivalente al valor mensual del alquiler.
Depósito del último mes: es el equivalente al importe que tendrá que abonar el inquilino el último mes de estadía en el departamento. Si el contrato es por dos años y el último año tiene que pagar $8.500 por mes, entonces el depósito será de esa cifra. Este monto se le devuelve al inquilino 10 días después de haber dejado el departamento, esto se hace para que el propietario verifique que no haya quedado ninguna deuda sin pagar o el departamento no sea devuelto en las mismas condiciones que se entregó.
Informe de garantía: Es realizado por un gestor que tiene la función de averiguar la situación del inquilino y la del garante propuesto, que el inmueble no tenga embargos, hipotecas, servidumbres, derechos reales en general, afectación a bien de familia y otras posibles situaciones. El costo de este trámite ronda en los $2.000
Comisión de la inmobiliaria: Es igual al 4,15% de la suma total de todo el contrato (en este caso 2 años). Hay que sumar los 2 años de alquiler y a eso quitarle el 4,15% para sacar la parte que le corresponde al martillero público por poner su firma en el contrato. Sería de $7.500.

Todo este caso se daría en el supuesto caso de que el inquilino posea un garante, pero es muy usual que los inquilinos no posean garante, principalmente porque para serlo se necesita tener un inmueble a su nombre y que el mismo no esté como “Bien de familia”. Para este tipo de casos el Sistema de Garantías Finaer se pone en el lugar de garante y le cobra al inquilino una suma de $15.000 por los servicios prestados. Esta empresa se encarga de verificar el estado económico del inquilino y que el mismo abone en tiempo y forma al propietario, es por eso que el “Informe de garantía” no sería necesario y se ahorrarían $2.000 de trámite.

Esta es la forma en que se rigen en este momento las inmobiliarias hasta que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires publique la nueva Ley que votaron el jueves pasado, donde tanto los gastos del pedido de informe como la comisión a la inmobiliaria pasarían a salir del bolsillo de los propietarios y no del inquilino.
Esta nueva metodología prometería ser mucho más liviana y le da al inquilino la posibilidad de alquilar por sumas un poco menores, pero las inmobiliarias se muestran en total desacuerdo porque, al ser los propietarios los que tengan que pagar más, los costos de alquiler subirían para subsanar la pérdida que tendrá el propietario del bien.
La nueva normativa protegería a los nuevos inquilinos de posibles abusos de propietarios e intermediarios, tras modificarse la Ley 2340 de la Ciudad de Buenos Aires, que regulariza las actividades de los corredores inmobiliarios.